Ante las próximas modificaciones y la creación de diversas leyes secundarias en el marco de la Reforma Energética de México que se discutirán en el Congreso de la Unión, organizaciones civiles han manifestado que la Reforma Energética debe contener cambios importantes para asegurar un futuro fiscal y energético sustentable a largo plazo.
Las organizaciones exhortaron al gobierno a asegurar que estas políticas cuenten con recursos para fomentar la transición y el aprovechamiento sustentable de la energía, el fortalecimiento y la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el establecimiento de indicadores de seguimiento, medición y evaluación de los proyectos vinculados a la política climática del país para mitigar y adaptar los efectos del cambio climático y la contaminación ambiental provocada por fuentes de energía no renovables.
Además agregaron propuestas específicas como:
– Asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en las finanzas públicas del sector energético en el uso de los recursos destinados a la exploración, extracción y explotación de energéticos.
– Fomentar la transición y la eficiencia energéticas con miras a cumplir al 2024 con la meta-país de que el 35% de la energía generada sea a través de fuentes renovables, como lo señala la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y Financiamiento a la Transición Energética (LAERFTE).
– Cumplir con las metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), que establece la Ley General de Cambio Climático (LGCC) que establece reducir 30% las emisiones al 2020 y 50% al 2050, tomando como línea base al año 2000.
– El gobierno debe ser la guía en la transición energética hacia fuentes renovables asegurando el ejercicio y gasto adecuado de los recursos en materia energética.
– Desarrollar mecanismos de participación público-privada que apoyen la inversión pública y que permitan extender las líneas de transmisión, fortalecer las redes de distribución y la modernización de los sistemas eléctricos.
– Otorgar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) facultades para regular a los diferentes competidores y fomentar la transición energética.
– Desarrollar sistemas de certificados de energía renovable con finalidad de detonar su participación.
– Respetar, proteger y garantizar el acceso a la información sobre las afectaciones, incluyendo participación y consulta a las comunidades, así como acceso al aprovechamiento de sus recursos naturales y de los beneficios que se obtendrán de los proyectos de exploración y extracción de energéticos.
– Acelerar la producción de consumibles limpios, impulsar sistemas integrados de transporte público limpio y eficiente, así como implementar políticas específicas para la promoción de vehículos eléctricos e híbridos.
– Disminuir el uso de combustibles fósiles mediante un sistema de subsidios que promueva la eficiencia energética y el transporte sustentable.
– Incorporar en los costos totales las afectaciones ambientales y sociales (externalidades), que puedan derivarse de los proyectos de generación de energía tanto de fuentes renovables como hidrocarburos convencionales y no convencionales.
– Realizar estudios rigurosos sobre las implicaciones de la explotación del shale gas-oil (fracking) y aguas profundas, tomando en cuenta los costos económicos, la tasa de recuperación de la inversión, las externalidades sociales y ambientales, así como el costo de oportunidad de invertir en este recurso fósil no renovable en lugar de otras alternativas.
– Generar información oportuna y suficiente para que la ciudadanía en su conjunto conozca los beneficios y/o consecuencias negativas que tendrán las modificaciones legales que se proponen.
En este contexto, y a fin de que las acciones que llevará a cabo el gobierno sean congruentes con los objetivos planteados, las organizaciones insistimos en que las leyes secundarias deben estar dirigidas hacia eficiencia en la generación y uso de energía, la reducción del uso de combustibles fósiles y el desarrollo de metodologías que incorporen las externalidades y beneficios de los proyectos de generación y uso del sector energético, así como hacia el financiamiento de proyectos sustentables y con impactos sociales positivos”, explicó Xtabai Padilla del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.
Por su parte, Mariana Castillo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) señaló que “la reciente aprobación de la reforma energética no establece un cambio estructural sobre los modos de producción y consumo de la energía en México. Hasta el momento, observamos que el Gobierno Federal no ha hecho un diagnóstico profundo e integral sobre el sector, su situación actual, así como sobre los escenarios de consumo y producción, tomando en cuenta, no sólo los factores energéticos y tecnologías disponibles, sino también los costos a la salud, al medio ambiente y a la sociedad. Dicha información es esencial, para que el gobierno, junto con actores no gubernamentales, pueda elaborar una política energética incluyente que impacte positivamente en todos los sectores”.
México tiene más potencial eólico y solar que reservas petroleras. Si el gobierno federal invirtiera desde ahora en detonar el sector de energías renovables -como la solar o la eólica- se podría cubrir hasta el 81% de la generación eléctrica para el año 2050. Si se pusiera en práctica el Fondo para la Transición Energética que fue aprobado desde 2008 y que cuenta con tres mil millones de pesos anuales, como se establece en la ley de Aprovechamiento de Energía Renovable, sería posible crear empleos y tener desarrollo económico, explicó Sergio Leyva, coordinador de la campaña de clima y energía de Greenpeace México.
Las organizaciones civiles que presentaron este exhorto son Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Transporte Sustentable EMBARQ México (CTS EMBARQ México), Greenpeace México y el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP México).
