El gobierno mexicano tardó casi 40 días en preocuparse y trabajar sobre los daños inminentes que traerá a las costas de nuestro país el derrame petrolero del Golfo de México. A pocos días de iniciado el derrame el pasado 20 de abril, diversos expertos y ambientalistas opinaban que este parecía ser uno de los mayores desastres ambientales del mundo. Mientras tanto nuestro Secretario de Medio Ambiente (SEMARNAT), Rafael Elvira Quesada, decía que no era para preocuparnos.

El pasado 27 de mayo, el Secretario reconoció la gravedad del problema al presentar un grupo de trabajo conformado por sus organismos dependientes como el Instituto Nacional de Ecología (INE), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).

Esta semana la Semarnat informó que ya es perceptible una baja en el arribo de tortugas a zonas de anidación en las costas del Golfo.

Hoy la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) declaró, a través de la comisionada Rocío Alatorre Eden-Wynter, que no existe peligro para la gente que nada en las playas mexicanas. Incluso dijo para El Universal “es poco factible que haya impactos negativos en la salud de la gente, ya que el cuerpo tiene mecanismos de defensa que informarían sobre la presencia de agentes contaminantes”. ¿Alguien entiende lo que quiso decir la comisionada Alatorre?

¿Será que en unas semanas los encargados de velar por nuestra salud tendrán que reconocer los daños a la salud de las personas así como tuvo que hacerlo la autoridad ambiental?

Autor: Mauricio Bonilla